D.E.P. Abogacía


El pasado día 5 de Septiembre de 2013, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) presentó sus alegaciones y observaciones al anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales que está llevando a cabo el ministro de desJusticia, A. Ruiz Gallardón. Una vez leído el citado anteproyecto, coincido plenamente con las observaciones del CGAE, pero quiero entrar de lleno en los puntos conflictivos.

La Colegiación

Un punto que está en boca de todos es la interpretación que hace en anteproyecto sobre los profesionales que deben estar colegiados, todo ello para intentar proteger a estos de usurpaciones y fraudes. Pues bien, se prevé que únicamente deberán ser colegiados los abogados que actúen directamente ante los tribunales y para los que presten asistencia jurídica y no mantengan relación laboral con el asesorado. La excusa de esto es que según la normativa comunitaria, los abogados que mantienen una relación laboral con el cliente (abogados de plantilla) no son considerados como abogados estrictamente al existir dudas razonables en cuanto a su independencia, pero aún así, son abogados colegiados!

Pues bien, el Sr. Ruiz Gallardón no lo entiende así y quiere librar de la colegiación a los abogados de empresa, dejando a todo un colectivo desprotegido, provocando una división dentro del sector jurídico y una ruptura de la profesión contraria tanto a la LOPJ como a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sí aquella que el legislador no lee y que debería hacer con más asiduidad. Eso condenará a muchos profesionales a optar entre mantener su relación con el cliente o a buscarse la vida por su lado, mandando al ostracismo muchos departamentos jurídicos. Pero, ¿qué pasará con aquellas sociedades profesionales jurídicas en las que éstas hayan sido demandadas y únicamente tengan abogados en plantilla con una relación laboral? ¿Quedarían excluidos estos profesionales para llevar los asuntos de los clientes o, incluso, de la propia sociedad para la cual están trabajando? Quiero recordar que no hace mucho en el tiempo que la relación laboral de los abogados fue regulada, obligando a muchas empresas a dar de alta en el Régimen General a estos profesionales.

Pues bien, a mi entender, el efecto que provocará será justo lo que pretende esta Ley, provocar la profesión del abogado sumergido, aquel que se encargará de asesorar, que estará dado de alta en el área de Recursos Humanos, aquel que se verá privado de muchos cursos de formación del propio Colegio, de las actualizaciones normativas, lo condenará al ostracismo, a la soledad, además de que su no incorporación al Colegio implicará una absoluta falta de control deontológico y disciplinario. Es decir, este Gobierno lo que pretende con esta modificación es favorecer el empleo sumergido, como ha conseguido con tantas otras normas, como por ejemplo la subida del IVA.

De este modo, coincido completamente con el CGAE cuando afirma que la garantía de responsabilidad, eficacia y calidad en el servicio de interés público sólo puede obtenerse mediante la colegiación obligatoria. Pero es más, yo también añadiría que el Colegio no debe ser sólo un ente profesional del colectivo, sino que debe emprender toda una serie de acciones para proteger a sus profesionales para evitar las usurpaciones de identidad o que sus funciones sean realizadas por otras personas que no son profesionales jurídicas, lo cual no sólo repercute en la imagen de la institución de la abogacía (pilar fundamental para el perfecto funcionamiento de uno de los poderes que emergen de nuestra Constitución – el Judicial -) sino que también en la percepción del cliente a quien nos debemos para la defensa de sus derechos, quien tiene el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Pero la cuestión no sólo acaba aquí, dentro de este anteproyecto nos encontramos la intención de que se faculte a la Administración Pública un régimen de intervención de los Colegios Profesionales; es decir, que se acuerde que la Administración Pública pueda asumir temporalmente la gestión de las funciones públicas de los colegios profesionales e, incluso, se pueda proceder a la disolución de la Junta de Gobierno. Decisión que no me sorprende en absoluto, pues es fruto de la ansias de intervencionismo de este Gobierno que ya no lo ha dejado patente con los Tribunales y con el Poder Judicial. Quieren controlarlo todo, pero quien les controlará a ellos? Alardean de transparencia, pero son los primeros inclumplidores de normas y ahora pretenden burocratizar una institución que al menos estaba dirigido por profesionales del sector. Os imagináis a un político dirigiendo cualquier colegio de abogados, llegado ese extremo, carece de sentido que muchos estemos colegiados, pues de las decisiones para representar a un colectivo, sólo tendrán un carácter político, lo cual no será más que un insulto, como las leyes que están aprovando. En efecto, todas y cada una de ellas demuestran una clara incompetencia del legislador y el ejecutivo y un pleno desconocimiento de las situaciones jurídicas. Aun recuerdo una cena que organizó un Colegio Profesional de Barcelona y el político invitado no sabía ni a qué se dedicaba dicho colectivo. Insultante.

Insultante es también cómo el propio anteproyecto impone a los colegios profesionales de colegiación obligatoria el establecimiento de una bonificación de cuotas para el profesional que acredite estar en situación de desempleo. Perplejo, así me quedé cuando leí esa obligación, vergonzoso y con ganas terribles de derrocar a los incompetentes de ese poder ejecutivo. Pero ¿a quien cogen para elaborar esas leyes? ¿Tráfico de influencias? ¿Favores? ¿Prohiben la colegiación a quienes mantengan relación laboral y encima obligan a los colegios a instaurar un sistema de bonificación de cuotas? Claro, evidentemente ignoran completamente que muchas de las relaciones que mantienen abogado – cliente son mediante contratos de arrendamiento de servicios y sujetos directamente a IVA e IRPF, pero también parece ser que muchos de estos profesionales elegimos estar en nuestras propias mutualidades antes de estar encuadrados en el deficiente sistema de Seguridad Social.

Si, estoy de acuerdo con muchos, se lo quieren cargar todo y tal y como clamé con la aprobación de las Tasas Judiciales, Alberto Ruiz Gallardón, fuiste uno de los peores ministros de Justicia, por eso el mejor favor que puedes hacer a nuestro colectivo es presentar tu DIMISIÓN, Gracias.

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